Traslación: Reyna Calel and Joseph Bamat

Colombia es un país conocido por su majestuosa belleza, abundante biodiversidad y extensas selvas tropicales, por lo cual algunas personas llaman a la región "los pulmones del planeta." A estos esplendores visuales se suma aquello que se encuentra debajo de la superficie. Además de sus aclamados depósitos de oro, cobre, y plata, Colombia contiene una de las más grandes y conocidas reservas de petróleo de nuestro hemisferio, y es uno de los principales proveedores de petróleo dite los Estados Unidos. En contraste con lo que parecería un paraíso natural está la mala fama de ser designado como uno de los países más violentos del mundo.

Visión General: Mi viaje a Colombia en el 2001 tenía dos propósitos. Primero quería entender mejor, y ver con mis propios ojos, los efectos de la campaña de fumigación patrocinada por los EE.UU. en la región de Putumayo. En segundo lugar, quería ser testigo de la violencia perpetuada por el ejercito colombiano y los grupos paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), -- quienes actúan con completa impunidad y en conjunto, con el fin de inculcar terror en el pueblo. Bajo la Sección 219 de la ley de Inmigración y Nacionalidad de los EE.UU. se ha designado a la UAC como organización terrorista extranjera. Se informa que este grupo es culpable del setenta por ciento de las masacres que han ocurrido en Colombia en las décadas recientes, y la organización Amnistía Internacional ha declarado que "paramilitares [fueron] responsables de la inmensa mayoría de asesinatos políticos en Colombia durante los últimos años."

Más de 10.000 soldados colombianos han recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas (SOA), la cual fue renombrada el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), en 2001. Convenientemente, el gobierno de los EE.UU. se niega a vigilar las actividades posteriores de sus graduados. Tampoco aceptan la responsabilidad por haber seleccionado conocidos abusadores de derechos humanos, traficantes de drogas, y líderes de escuadrones de muerte para recibir formación en bases militares estadounidenses, y que los mismos sean culpables de haber cometido algunas de las peores violaciones de los derechos humanos en nuestro hemisferio.

El plan de fumigación patrocinado por los EE.UU. forma parte de una campaña para combatir las drogas, y fue desarrollado por el gobierno colombiano dentro de un programa multimillonario de asistencia con el propósito de lidiar con varios de los factores socioeconómicos que afligen al país. El apoderamiento de esta campaña contra las drogas por parte de los EEUU transformó lo que debía ser un programa de asistencia estatal para la "paz, prosperidad, y refuerzo del estado," en una multibillonaria "Guerra Contra las Drogas" financiada por los Estados Unidos. La mayor parte del dinero - inicialmente $1.3 mil millones, pero ahora calculado sobre esa suma - ha sido cobrado por corporaciones estadounidenses, productoras de químicos y armas. Estas corporaciones cobran por capacitación militar, helicópteros, y por productos de fumigación y combate. Para Colombia, esta campaña ha sido una guerra contra su ecosistema, sus cultivos y bosques, que ha deteriorado aún más sus posibilidades de subsistencia. También ha creado una crisis ambiental y de salud social, con consecuencias desastrosas a largo plazo. La asistencia financiera estadounidense redirigida hacia la compra de armas solo ha propagado una guerra civil que continua después de cuatro décadas. Miles de millones de dólares en impuestos, pagados por ciudadanos estadounidenses, han sido utilizados para apoyar la "Guerra Contra las Drogas"; los resultados para Colombia han sido destrucción y desestabilización, mientras que en los Estados Unidos no se ha visto ninguna disminución en la cantidad de cocaína en circulación y poco cambio en su precio de mercado. En vez de utilizar esos mil millones de dólares para salvar vidas en programas que ayuden a individuos a terminar con su adicción a la cocaína y disminuir la demanda de la droga, los Estados Unidos -con demasiada frecuencia adicto a la guerra y a demostrar su abusivo poder - ha optado por aumentar las penas punición para adictos en su territorio, mientras que sus políticas continúan desplazando, matando y mutilando decenas de miles de víctimas por toda Colombia.


Durante nuestra visita a Colombia nos reunimos con líderes de comunidades, entre ellos representantes de varios grupos indígenas de la región de Putumayo (el punto de enfoque del Plan Colombia), líderes religiosos, funcionarios colombianos, e inclusive el vicepresidente, líderes militares, el director de la Alta Comisión en Derechos Humanos de la ONU, y la embajadora de EE.UU. [Muchas de las cifras y el análisis en este artículo son resultado de nuestras reuniones y los documentos que nos fueron presentados por los individuos citados. Datos que también fueron recibidos del Center for International Policy con sede en Washington, DC]

Consecuencias para la Salud Social y el Medioambiente: Durante nuestras reuniones y visitas a Putumayo, se nos hizo evidente que debido a la forma indiscriminada de implementar las fumigaciones, no son afectadas solamente las cosechas de coca (la materia prima de la cocaína), sino que también se eliminan plantas medicinales y cultivos alimenticios y las reservas de agua se contaminan gravemente. El principal componente utilizado en las fumigaciones es el herbicida glyphosate, que también es el principal químico en la herbicida Round-Up, vendida en los Estados Unidos en cualquier supermercado, y producida y manufacturada por la corporación química estadounidense Monsanto. Sobre las botellas de Round-Up vendidas en los Estados Unidos esta escrita la advertencia "Deje fuera del alcance de los niños; Peligroso para humanos y para animales domésticos; Prevenir que este producto entre en contacto con ojos o ropa; Riesgos para el medioambiente: No aplique este producto directamente en el agua; Nunca vaciar este producto en ningún lavabo" y también "Importante: No utilice sobre plantas y céspedes que le gustan -estos también pueden morir".

En Colombia este herbicida es utilizado en una versión altamente concentrada (frecuentemente llamado Round-Up Ultra) que es un 25 por ciento más concentrado, y en consecuencia de mayor toxicidad que su predecesor Round-Up). El producto es combinado con surfactantes y otros químicos (como POEA y Cosmoflux 411F) para mayor efectividad y adhesión a las plantaciones de coca, y cualquier otra cosa con la cual entra en contacto -como ganado, pájaros, cultivos alimenticios, ojos y la piel. Hasta el presente la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. no ha investigado o aprobado la combinación química que se esta fumigando sobre Colombia, pero sí ha dicho que productos hechos a base de glyphosate, así como Round-Up, pueden causar vomito, inflamación de los pulmones, pulmonía, confusión mental y daño a la piel.

A pesar de estos conocimientos, y las propias recomendaciones de Monsanto sobre su producto, el cual no debe ser aplicado desde más allá de diez metros de altura, los Estados Unidos ha seguido peligrosamente afirmando que Round-Up Ultra puede ser aplicado con seguridad por fumigadores sobre vastas áreas de Colombia. Sin ofrecer ninguna medida de precaución a las poblaciones, que son expuestas sin conocimiento durante las fumigaciones, los EE.UU. sigue rechazando las investigaciones que demuestran que este programa pone seriamente en jaque la salud del pueblo colombiano y devasta su medioambiente.

"Daños Colaterales": La Legislación Colombiana 0005 del 2000, que regula fumigaciones, declara que estas serán solamente aplicadas a plantaciones de coca que excedan las dos hectáreas, y que "la aplicación de químicos agrícolas en zonas rurales no pueden ser realizadas en menos de diez metros por tierra, y menos de cien metros por cielo como frontera de seguridad en relación a reservas de agua, vías terrestres, y núcleos de poblaciones humanas o animales, o en cualquier otra área que requiera protección especial". En 2002, la embajadora estadounidense Patterson declaró "Ya no existe ninguna diferencia entre cultivos 'pequeños' e 'industriales'. Si cultivas coca, la policía colombiana la fumigará". Este cambio de política y la indiscriminada forma de su aplicación se nos hizo evidente al visitar numerosos cultivos alimenticios que habían sido fumigados. Los amontonados plátanos podridos en un campo eran evidencia de la devastación producida por un solo riego aéreo. "¿Ahora cómo daré de comer a mis hijos? preguntaba un campesino mientras intentaba comprender la destrucción a su alrededor. No solo habían destruido su cultivo y su única fuente de ingresos, además nos pedía que examinemos sus inflamados y húmedos ojos que también fueron expuestos, y gravemente dañados por la fumigación. El campesino añadió que "no sabía que la nube del avión envenenaría a mi familia y destruiría mi cosecha." Otra mujer, cuyos hermanos fueron asesinados por paramilitares nos contó, "Los narcotraficantes plantan su coca al lado de nuestros cultivos de comida, y no hay nada que podamos hacer; vemos como nuestras cosechas también son destruidas por la fumigación. Y cuando alzamos nuestra voz contra la injusticia nos matan."

El riego indiscriminado sobre millares de hectáreas, ignorando la existencia de escuelas, hogares, reservas de agua potable, cosechas y ganado, también se extendió a ciertas urbes. En La Hormiga, ciudad localizada a treinta millas de la capital comercial de Putumayo, Puerto Asís, sus residentes nos contaron que incluso la ciudad había sido fumigada en varias ocasiones. También afirmaron que no hubo ninguna advertencia sobre los efectos cáusticos de los químicos, que deben refugiarse dentro de sus casas durante estos episodios, y que no deben permitir que su piel o ropas entren en contacto con la vegetación afectada.

La negligencia asociada con la campaña de fumigación no sólo ha tenido desastrosas consecuencias ecológicas y de salud para la región, sino que también se ha presenciado un incremento en el cultivo de coca. En 2002, la CIA divulgó que la producción de coca había aumentado en un 25 por ciento después de la introducción del Plan Colombia en el 2000. Aunque la producción disminuyó levemente en 2003 y 2004, hubo un aumento drástico durante 2005, con más de 144.000 hectáreas cultivadas de coca. A pesar de algunos logros publicados por parte del gobierno, la dura realidad es que la producción de coca sigue siendo perceptiblemente mayor hoy en día; hace diez años el cultivo en Colombia llegaba a 57.000 hectáreas. En un reporte titulado "Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas del 2006", la Agencia de Combate contra Drogas (DEA, sus siglas en inglés) admitió que las "fuentes de cocaína parecen ser lo suficientemente estables como para cumplir con la demanda doméstica actual, a pesar de niveles record en la incautación [de drogas] y de la pensada declinación en la producción mundial publicada durante los últimos años."

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indica que casi treinta por ciento de la anual deforestación en Colombia se debe a la campaña de fumigación. Generalmente treinta hectáreas de territorio son fumigadas para acabar con solo una de verdadera coca. Narcotraficantes arrasan dos hectáreas de bosque para compensar cada hectárea perdida a las fumigaciones. Muchos campesinos cuyas cosechas de alimentos también caen victima de las fumigaciones se ven obligados a quemar nuevo bosque para sustituir sus campos destruidos. Dado estos hechos no es difícil entender el grado de destrucción que se ha desarrollado. En total 2.600 millas cuadradas (la suma de las áreas cuadradas de los estados de Delaware y de Rhode Island es 2.995) se han fumigado con Round-Up Ultra, pero la cantidad total de terrenos utilizados para el cultivo de coca casi no ha cambiado en toda la región andina. De acuerdo a estimaciones del gobierno de los EE.UU. 198.455 hectáreas fueron cultivadas en el 2000 entre Perú, Bolivia y Colombia; En 2005 208.500 hectáreas de la coca fueron cultivadas.

Inteligentes estrategias de negocio mantienen al producto en circulación: simples principios económicos y la conocida historia de Colombia, Vietnam, Afganistán y de otros países productores de materias primas, demuestran que en donde existe una demanda, especialmente si es una droga ilícita, siempre existirá quienes encuentren la manera de producirla en masa y de ganar enormes fortunas con ella. Irónicamente, mientras que los EE.UU. es el consumidor más grande de cocaína, hay poca evidencia que los Colombianos abusan de la droga.

Una Perspectiva Diferente: Imaginemos que el panorama fuese invertido y que los colombianos (quiénes antes del Plan Colombia tenían permitido sembrar pequeños lotes de coca para uso medicinal personal), decidieran enviar aviones, mercenarios, y buques de guerra a los Estados Unidos. Su declarado propósito es rociar herbicidas cáusticos sobre miles de kilómetros de tierra soberana con el fin de erradicar peyote, y otras plantas que contienen dimethyltryptamine o harmine que pueden ser utilizadas para producir drogas psicodélicas, tales como el LSD y mezcalina. Aunque los EE.UU. no regula o prohíbe estas plantas, por esta perspectiva diferente, digamos que los colombianos tienen una fuerte adicción a drogas psicodélicas derivadas de ellas. El gobierno colombiano por lo tanto decide absolutamente imprescindible el emprender una "guerra" para erradicar estas plantas. También anuncian que el producto químico que será utilizando en las fumigaciones no ha sido aprobado por la entidad federal que regula el consumo de alimentos y drogas, y aunque se asemeja a un herbicida de supermercado en realidad es considerablemente más potente y tóxico debido a los agentes biológicos y químicos agregados a la mezcla. Aunque se prohíbe su uso cerca de reservas de agua o su aplicación por pequeños aviones fumigadores, aseguran que utilizarán imágenes de satélite y GPS para acertar sobre sus blancos. Y para demostrar la efectividad de esta avanzada tecnología invitarán a una delegación de importantes funcionarios y miembros del Congreso de los Estados Unidos para atestiguar su aplicación. Mismo si los vientos se alzan ese día y acaban por bañar a los delegados con los químicos (esto realmente sucedió), los colombianos creen que las consecuencias ambientales y a la salud, como la inflamación de pulmones y daño a la piel, valen el riesgo de la campaña. Además, y puesto que la campaña arrasará con la fauna, ganado, reservas de agua, y cultivos alimenticios de dos estados de los EE.UU., Colombia reembolsará a un selecto grupo de individuos con $1000 cada uno para compensar sus pérdidas. La mayoría de ciudadanos de los Estados Unidos y miembros del Congreso admitirían que es más probable que cerdos aprenden a volar antes de que este panorama fuera permitido por los EE.UU. -pero esto es precisamente lo qué ha sucedido en Colombia.

Reconstituyendo los Cárteles: Los medios por los cuales los gobiernos han elegido combatir la producción de la coca son reconocidos como irresponsables y mal calculados; como un comportamiento sin reflexión, ignorando las consecuencias negativas de corto y largo plazo para el medioambiente y para la salud. Entre 1994 y 1998 fue divulgado que aproximadamente 45.500 hectáreas de coca eran cultivadas en Colombia. En un intento de erradicar estas cosechas, más de 140.800 hectáreas fueron seleccionadas para fumigación. Debido a la forma indiscriminada de la campaña y la naturaleza imprevisible de los vientos, no sólo fueron atacados los cultivos de coca, sino también cultivos alimenticios y selvas tropicales de la región.

Durante los años setenta y ochenta, el Cártel de Medellín era el primer cultivador de coca en toda la región andina. A medida que la coca era buscada y erradicada en Perú y Bolivia, el cártel comenzó a mover parte de su producción hacia Colombia. En ese tiempo los EE.UU. gastaba millones de dólares para acabar con el Cártel de Medellín. Cuando finalmente lo lograron, hubo una precipitada redistribución y descentralización del poder que emergió entre otros narcotraficantes, así como una rápida expansión entre los rangos de los grupos paramilitares. Pero las repercusiones se extendieron mucho más lejos. Con el fin de aumentar sus números, su influencia y bienes, los grupos paramilitares, aprovecharon el derrumbamiento de los cárteles para tomar control del tráfico de drogas, e incrementó la producción de coca en un índice sobre 100 por ciento. Ya para 1999 más de 120.000 hectáreas de coca eran cultivadas en Colombia. Por medio de su acercamiento y colaboración con otros narcotraficantes, y el apoyo recibido por el ejercito colombiano y la élite social del país, sus números crecieron rápidamente, desde 4.000 en 1995, hasta más de 8.000 integrantes en 2001. En 2005 sus números fueron estimados sobre los 20.000.

El tráfico de coca es un negocio gordo para muchos grupos. Mientras que las fuerzas paramilitares reciben la mayoría de su financiamiento a través de la cultivación y tráfico de cocaína, varios grupos de guerrilla (FARC y ELN son los más reconocidos y también citados como "organizaciones terroristas extranjeras" por los EE.UU.) se benefician especialmente de los impuestos cobrados sobre los cultivos de coca, y en un grado menor están investidos en su producción y tráfico. Mientras que los paramilitares son responsables por la mayoría de las masacres, la mayoría de los secuestros se atribuyen a la guerrilla. En los años siguientes a su fundación los grupos de guerrilla reclamaron reformas sociales que beneficiaban a los pobres y marginados (el ochenta por ciento de colombianos viven cerca de o en la pobreza absoluta). Pero hoy en día, con ataques más frecuentes contra civiles, la guerrilla parece estar centrada esencialmente en combatir a su enemigo, y no tanto en producir reformas. A pesar de estos hechos, algunos continúan argumentando que la guerrilla, metidos en una batalla de cuatro décadas contra paramilitares de derecha, están luchando simplemente por su supervivencia y contra un enemigo despiadado. Argumentan que sin la guerrilla no existiría ninguna oposición al robo y explotación de recursos naturales que ya está ocurriendo.

Los grupos paramilitares se han convertido en un equipo centralizado "para combatir la subversión," y de ello viene su nombre: "Autodefensas Unidas de Colombia," con Carlos Castaño como su líder (aunque no es seguro si esta escondido o si murió en 2004). Los paramilitares apoyan un sistema político-económico controlado por la élite rica cuyos intereses son promovidos, junto con los de los EE.UU. y las multinacionales, por la explotación y el control de los pobres y de los recursos naturales del país. No es ninguna sorpresa que muchas de las regiones más afectadas por las fumigaciones son regiones donde la guerrilla tiene una presencia fuerte - en este contexto el uso del producto químico refleja las tácticas utilizadas en Vietnam - deshojar los territorios de modo que los rebeldes no los puedan ocupar con seguridad. También es de interés correlacionar las regiones que reciben los riegos químicos más intensos con la presencia de reservas de crudo y otros recursos naturales. De manera que las tierras se hacen inhabitables a causa de fumigaciones, y la oposición desaparece, las corporaciones, que a menudo contratan a los paramilitares para su seguridad, pueden controlar y explotar la tierra con toda libertad.

La industria de la coca no es solamente buen negocio para abusadores domésticos, también proporciona millones de dólares a corporaciones estadounidenses y multinacionales quienes saben explotar la "Guerra Contra las Drogas." Por ejemplo, de los $27 millones gastados entre 1994- '98 en una campaña de erradicación, $20 millones fueron directamente a la corporación Monsanto. Debido a que esta campaña fue tan ineficaz--los EE.UU. culpó a las lluvias excesivas de las regiones-decidieron aumentar la cantidad de glyphosate y aumentar aditivos como "Cosmo-Flux." Este agente incrementa substancialmente la actividad biológica de los agroquímicos y se está agregando cinco veces más de la dosificación recomendada. El efecto de este agente y de químicos similares es catastrófico para la ecología de las selvas tropicales, para su fauna y flora acuática y terrestre, así como para las poblaciones que ya son bombardeadas continuamente por las fumigaciones. Una estimación sobria pone el coste de fumigar 1 milla cuadrada en $167.000. Uno puede imaginar los beneficios de invertir esta misma cantidad en proyectos de agricultura alternativa y programas de rehabilitación para drogadictos.

El resultado final de esta fallida campaña erradicación que comenzó con un presupuesto de $1.3 mil millones es que solamente 1% de ese monto se ha destinado al proceso de paz, que fue el enfoque del Plan Colombia originalmente desarrollado por el gobierno colombiano. Más del ochenta por ciento de los casi 5 mil millones de dólares asignados a Colombia desde el año 2000 han ido al ejercito y a la policía del país. Esta suma coloca a Colombia en el numero 5 dentro de los países que reciben asistencia militar estadounidense y otro tipo de ayuda en el mundo - Irak los empujó recientemente debajo de su puesto en el cuarto lugar.

Agenda Oculta: En realidad, corporaciones estadounidenses productoras de armas y químicos son las grandes benefactoras de mucha de esta asistencia financiera. Los grandes ganadores en la lista son United Technologies, Sikorsky y Textron, quienes producen los helicópteros Hueys y Blackhawk, mientras que Northrop ha proveído aviones de espionaje. Otras compañías, tales como Rockwell y Lockheed Martin se están beneficiando de la venta de sistemas de vigilancia y radar; y las corporaciones de mercenarios, incluyendo Military Professional Resources, Inc (MPRI) que recibió más de $4.3 millones en 2001, y DynCorp que ha enviado numerosos mercenarios, muchos de ellos ex-militares, y otros "contratistas privados." Este sistema de subcontratación permite que los EE.UU. aumente el número de "personal" armado sin entrar en violación con el acto de autorización del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o de declarar oficialmente una guerra contra Colombia. Estas entidades son tan influyentes que algunos colombianos las compararon a un segundo gobierno dentro del país, que compite por el poder, y mientras tanto, emprende una guerra biológica apuntada a los civiles, y que ya casi tiene a Colombia de rodillas.

Un documento del Pentágono fechado en 1997, indicó que la misión del ejercito estadounidense es "proteger intereses e inversiones de los EE.UU." Un objetivo oculto de la intervención de los EE.UU. con la "Guerra Contra la Droga" es adquirir y mantener el control de la vasta cantidad de recursos naturales de Colombia, tal como el oro, la plata y el cobre, así como las grandes extensiones de petróleo. El país está entre los diez más grandes proveedores de crudo para los EE.UU., y tiene miles de millones de barriles de conocidas y potenciales reservas.

Incluso hoy, mientras que numerosos informes demuestran la ineficiencia de las campañas de fumigación, los Estados Unidos continúa presionando a colombianos hasta la sumisión. Como un abusivo miembro de la familia el "tío Sam" siempre esta cerca, manipulando a los otros, explotando todos los recursos hasta que, como ha pasado en tantos otros países, exista poca esperanza de restablecer un equilibrio--de adquirir una paz verdadera.

No sorprende que el enfoque de Plan Colombia y de las fumigaciones no sean las áreas controladas por los paramilitares, sino más bien aquellas áreas ocupadas por la guerrilla. Muchos creen que la agenda ocultada del gobierno de los EE.UU. no es exactamente la "Guerra Contra las Drogas," sino, como se indica en el informe del Pentágono, asegurar los intereses e inversiones de las corporaciones estadounidenses y multinacionales. Para alcanzar esta visión han forjado lazos y apoyado a sanguinarios terroristas. Con la ayuda de los EE.UU. los paramilitares actúan con impunidad completa y sin ningún respeto por la vida humana. Eliminando la cláusula de los derechos humanos en el Plan Colombia, evadiendo la enmienda de Leahy, y demostrando una verdadera indiferencia por el bienestar del pueblo colombiano, el presidente Clinton -- y el ahora presidente Bush -- son cómplices no de un aislado asesinato, sino de genocidio.

Víctimas Inocentes: Tan pronto llegué a Putumayo presentía una misteriosa presencia alrededor de mí. No provenía de las numerosas instalaciones militares, ni de las miradas fijas de los incontables soldados protegiéndolas. No, el sonido más escalofriante que oí en el Putumayo--esta región majestuosa amazónica que bordea Perú y Ecuador--era el silencio. De vez en cuando el silencio era interrumpido por ladridos de perros callejeros que se perseguían, o por la bulla de una carreta jalada por un caballo. Aparte de éstos, los únicos animales que vi eran las víctimas de las fumigaciones: un buey muerto tirado al lado de un barranco, pescados flotando en el río Guamuez, y dos solitarios y esqueléticos monos sentados en un árbol de poca vegetación. De hecho, el único lugar que vi o escuche pájaros fue en una pista de aterrizaje militar, donde aguardamos la llegada de nuestro helicóptero.

Mientras intentaba enfocar el lente de mi cámara fotográfica sobre un pájaro colorido sentado en un cable, el silencio fue interrumpido por el violento rugir de varios aviones que se acercaban desde una buena distancia. Distraída, di vuelta y puse atención a los cuatro aviones que volaban en formación y atravesaban nubes. "¡Ésos son los fumigadores!" clamaba uno de los hombres que nos acompañaba. Algunos segundos después intenté encontrar el pájaro nuevamente- pero se había ido. En ese momento pensé ¿Cuántos pájaros tomarán vuelo este día solo para toparse con una cortina de productos químicos, cuántos niños involuntariamente sentirán esa lluvia tóxica mientras juegan en el patio de la escuela, cuántas madres sin saber bañarán a sus bebés con agua nociva, y cuántas campesinos irán a cosechar sus cultivos alimenticios solo para encontrarlos en ruina?

Desde 2001, grupos defensores de los derechos humanos han reportado un súbito aumento en enfermedades respiratorias entre niños y ancianos, así como un aumento alarmante de varios tipos de cáncer y de deformidades genéticas entre niños de familias sin antecedentes similares. Problemas oculares entre los campesinos e indígenas continúan multiplicándose, y algunos nos mostraron lesiones en su piel, el resultado de ser directamente expuestos a las fumigaciones. El Dr. Francisco José Ruiz, quien trabajó para el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia y quien supervisaba el impacto del gasto público en las fumigaciones, indicó que hasta esa fecha no se había hecho ningún estudio sobre la relación entre las fumigaciones y las aflicciones de la salud que se están desarrollando. "Es una negligencia absoluta" indicó Ruiz.

Es increíble pensar de que después de todo lo aprendido en los EE.UU. sobre el uso de DDT y de otros tóxicos ambientales no se cuestione la producción, la investigación, la fabricación, o la distribución de un producto tal como glyphosate. Irónicamente es el mismo Monsanto (el productor del glyphosate) que en respuesta a la publicación del libro Primavera de Silencio de Rachel Carson (quien primero trajo la atención sobre los efectos deletéreos del DDT) publicó El Año Solitario-- una parodia sobre una plaga de insectos que arrasa con un imaginado Estados Unidos y que ha suprimido el uso de DDT. Fue el mismo Monsanto quien durante la guerra de Vietnam produjo el "agente naranja" para las fuerzas aéreas de los EE.UU. Exactamente como en Colombia, un mortal herbicida fue regado sobre las selvas y granjas, deshojando y matando árboles, destruyendo cosechas, y contaminando la tierra para las próximas generaciones. Desde entonces, se calcula que más de 500.000 bebés en Vietnam han nacido con deformidades debidas al Dioxina, y por lo menos $180 millones se han pagado en remuneraciones a los veteranos estadounidenses de esa guerra y a sus familias, por haber sido afectados por el veneno. Como en Vietnam, estas fumigaciones son de hecho, una guerra biológica.

El Precio de la Coca: Durante una reunión con el Dr. Gonzalo de Francisco, quien dirigió la campaña de fumigación en Colombia, expresamos nuestras preocupaciones por los graves problemas de salud que los campesinos y la gente indígena en el Putumayo están sufriendo a causa de las fumigaciones. El Dr. Francisco ignoró nuestras preocupaciones, y intentó redirigir la culpa hacia una supuesta ignorancia de los campesinos. Este sugería que los problemas de salud probablemente provenían del mal uso de los pesticidas que los campesinos aplican a sus cosechas. Esta declaración paternalista y ofensiva de Francisco no explicaba cómo o porqué la gente indígena y sus hijos, quienes nunca manejan o tienen contacto con pesticidas, sufren de las mismas dolencias que los agricultores.

Durante nuestra visita a La Hormiga también vimos los efectos del glyphosate sobre cultivos alimenticios. Las fumigaciones habían diezmado cosechas de básica subsistencia como yuca, maíz y plátano; mientras que campos adyacentes de coca no sólo sobrevivieron el riego, sino prosperaban. Incluso árboles de goma que eran parte de un programa estatal de "Cosechas Alternativas" no sobrevivieron. Después de cinco años de cuidadoso labor, las fumigaciones, supuestamente previstas para las cosechas de la coca, destruyeron a los árboles junto con los múltiples cultivos alimenticios. No semejante a la mayor parte de la vegetación de la región y de sus finos suelos nutritivos, que son altamente susceptibles al Round-Up Ultra, la planta de la coca es absolutamente resistente y se adaptada fácilmente a los ambientes ásperos. Como una mala hierba, puede crecer bajo condiciones ambientales extremas. Además, cosechadores de coca admitieron que con frecuencia logran que se les advierta antes de una fumigación, y así recogen las hojas de la coca podando los arbustos, lo que también ayuda al crecimiento de la planta.

Casi al final de nuestra entrevista con Francisco, le entregamos centenares de páginas de datos ofrecidos por los líderes de las comunidades en el Putumayo. El informe documentaba las más de 1.000 hectáreas de cultivos alimenticios que habían sido diezmados y los centenares de animales, sobre todo ganado, que habían sido matados por las fumigaciones. Nuevamente procuró esquivar nuestros informes, indicando que él había oído hablar de tales cuentos pero que creía que eran grandes exageraciones. Pero este vez lo enfrenté con verdadera documentación en video que había filmado en el Putumayo. El vídeo claramente mostraba el grado de devastación de los cultivos alimenticios y de los bosques. Cuanto más presenciaba las imágenes, más la verdad se revelaba ante sus ojos, y menos podía defender su anterior punto de vista. Obviamente chocado por lo que le había mostrado, nos aseguró que él seriamente estudiaría la situación y que los campesinos serían recompensados por sus pérdidas. Tristemente, en los meses que siguieron nuestra reunión con Francisco, recibimos noticias de los residentes del Putumayo que ningún miembro del gobierno los había contactado, o investigado los informes, y ninguna remuneración había sido recibida.

Los Paramilitares: Mucha gente que conocimos contaron historias de horror; sobre secuestros, torturas y masacres por parte de los paramilitares. Una mujer perdió cuatro hermanos quienes fueron seleccionados y asesinados por paramilitares porque habían reclamado contra la violencia. También me mostraron las fotos de una matanza por parte de paramilitares en las que se veía cuerpos mutilados: las caras rotas, varias degollaciones, y cuerpos abiertos y rellenos con propaganda que aseguraba que vendrían más masacres si la gente intentaba volver a sus hogares. Esta comunidad no tenía ningún lazo con las fuerzas enemigas; los paramilitares perpetuaron estos crímenes simplemente para incitar terror y miedo, y para asegurar su poder en la región.

Una y otra vez la gente del Putumayo confirmó que el ejercito y los paramilitares son una fuerza unificada y que actúan con total impunidad. Esto fue ilustrado con la imagen de manos unidas, para demostrar que los dos eran una fuerza enlazada e indistinguible. Incluso un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de marzo de 2006 dice: la "impunidad para el personal militar que colaboró con los grupos paramilitares seguía siendo un problema… Paramilitares cometieron varios asesinatos políticos e ilícitos de funcionarios, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, líderes sindicalistas, y a otra gente que amenazaba interferir con sus actividades criminales, demostraba tendencias izquierdistas, o era sospechada de colaborar con las FARC".

Durante una reunión con el Dr. Alfonso Gómez Méndez, el Procurador General de la República de Colombia en ese entonces, nos expresó su frustración completa con el sistema judicial de Colombia. Él ya había decretado más de cuarenta autorizaciones para la detención de Carlos Castaño (jefe de las fuerzas paramilitares). Gómez dijo que él tenía poca fe que Castaño será traído frente a la justicia algún día. Más tarde encontramos al general Fernando Tapias, en ese entonces comandante a cargo de todas las fuerzas armadas en Colombia, y le preguntamos porqué Castaño todavía no había sido tomado preso. Tapias indicó que Castaño es difícil de seguir y agarrar, y que tiene el apoyo de su propia milicia. A pesar de esta declaración, y después de que le presenté con el reciente artículo del New York Times, reconoció que él sabía exactamente dónde vivía Castaño.

Terror Cosechado en Tierra Propia: Mientras estaba en el Putumayo, pudimos conseguir que se nos den una visita aérea de la región en helicóptero militar. El General Montoya, anterior instructor y graduado de la SOA, fue enviado para acompañarnos. Montoya, entonces comandante de la 24ta brigada, era responsable de todas las actividades militares en la región de Putumayo. Muchos informes publicados, incluyendo los de Human Rights Watch, citan a la 24ta brigada como responsable de numerosos y atroces actos contra los derechos humanos. También aprendimos que Montoya fue citado (en Terrorismo De Estado En Colombia, 1992) por tener lazos directos con el grupo paramilitar conocido como el AAA. Durante una reunión con Anne Patterson, entonces embajadora de los EE.UU. en Colombia, indicó que la 24ta brigada no podía recibir fondos del Plan Colombia debido a los abusos de derechos humanos asociados con la brigada. Ella insistió, y con certeza absoluta, que ni dinero ni armas de los EE.UU. caería en manos de esta brigada. En ese instante compartí con ella que Montoya nos había mostrado una presentación de diapositivas que directamente contradecía sus palabras; esto fue reconfirmado por el hecho de que Montoya estaba a cargo de todas las fuerzas militares en la región de Putumayo y podríamos ver que él usaba ropa militar y armas emitidas por los Estados Unidos.

No sólo observamos personalmente estas contradicciones a las declaraciones de la embajadora, sino que Human Rights Watch solo unos pocos meses antes de nuestra visita, publicó un informe diciendo "los batallones colombianos anti-droga creados con la ayuda militar y financiamiento de los EE.UU., y entrenados por militares estadounidenses, activamente cooperaron con la 24ta brigada" y que "La 24ta brigada basadas en el Putumayo activamente coordinan sus operaciones con paramilitares". Luego el informe revela que oficiales a cargo de la brigada "recibieron pagos regulares por los paramilitares por su cooperación." A pesar de informes tales como éstos, el General Montoya fue alzado al rango de jefe del ejército colombiano en 2005.

Varios graduados de la SOA con relaciones directas con los paramilitares son citados a lo largo del informe de Human Rights Watch, de hecho, oficiales entrenados en la SOA, quienes dirigieron cuatro brigadas militares colombianas, incluyendo una unidad de "inteligencia", fueron culpables de numerosas atrocidades entre 1997 y 1999. Muchas desenfrenadas matanzas bajo su comando fueron realizadas en cooperación con paramilitares cuyas tácticas suelen incluir tortura y la desmembración de cuerpos. En el informe sobre derechos humanos previamente indicado y titulado El Terrorismo de Estado en Colombia, 123 de los 247 oficiales militares colombianoscitados por grandes violaciones contra derechos humanos son egresados de la SOA. A pesar del fuerte apoyo en el congreso de los EE.UU. en 1999 - 230 miembros votaron para cerrar la SOA - la escuela continúa funcionando después de sobrevivir por apenas 1 voto en una reunión de comité entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Colombia es un país acribillado por la violencia, abusos de los derechos humanos, y el tráfico de droga, y entre tanto ha enviado dos veces más soldados para entrenamiento en la Escuela de las Americas/WHINSEC que cualquier otro país latinoamericano. Lo que pide una indagación sobre cuanta responsabilidad los EE.UU. debe asumir con respecto a los abusos de los derechos humanos cometidos por sus graduados, y cómo el entrenamiento incitó la guerra civil o potencialmente promovió el movimiento fluido y continuo de cocaína a los EE.UU. y a otros mercados. Hoy, Amnistía Internacional se une a muchos de los miembros del Congreso que continúan reclamando el cierre del SOA/WHINSEC.

Como se ha indicado anteriormente, los paramilitares dependen del tráfico de drogas--lo apoyan y amplían su alcance. Esta dependencia ha creado una contra-reforma agraria llena de graves consecuencias para el carácter social de Colombia, especialmente para las poblaciones indígenas. De la misma manera en que las cosechas de coca se expanden a través de la región, las selvas tropicales se arrasan a un ritmo desenfrenado. Las plantas medicinales y las cosechas indispensables de los indígenas están siendo desplazadas y suprimidas por la excesiva introducción de cultivos de coca y por las fumigaciones que las destruyen. Otro insidioso abusador en este maléfico juego son las compañías farmacéuticas, quienes han patentado plantas medicinales y medicinas descubiertas originalmente y usadas tradicionalmente por las comunidades indígenas. Mientras que las compañías ganan millonadas con las plantas y medicinas, se advierte a los indígenas que no es permitido elaborar o compartir sus medicinas tradicionales, ya que ahora los grupos farmacéuticos de los EE.UU. las han patentado.

Un Vivir Sostenible: Además, la gente indígena, que era una vez la mayoría de la población en regiones tales como el Putumayo, ahora son una inferior minoría. Aquella gente que emigra a la región ven a la coca como una fuente valiosa y sustentable de renta. Tres a cuatro generaciones de campesinos han trabajado los campos de coca, y para algunos, ésta es ahora la única forma de vida que conocen. Ésta es una de las razones por las cuales los paramilitares se han hecho tan fuertes; los campesinos no desean perder un ingreso fácil. La coca es uno de los pocos cultivos que se puede cosechar cuatro veces al año, y que garantiza una continua fuente de renta; genera casi 3 veces más dinero que el café y 10 veces más que todos los otros cultivos; en total su precio ha sido estable durante los últimos 5 años, y puesto que el narcotraficante viene a buscar coca de los cultivadores, los campesinos no tienen que molestarse con transportar productos que pueden podrirse en ruta al mercado.

Los paramilitares, quienes son alentados por el ejercito colombiano, utilizan terror contra el pueblo para garantizar su lealtad y ayuda. Juzgan a todos, si es partidario activo, pasivo, o simplemente presumido, de la guerrilla, como un enemigo que debe ser destruido, y usan matanzas selectivas, así como masacres, para generar terror absoluto en la población civil.

Durante la última década, las fuerzas paramilitares, actuando a menudo en conjunto con el ejercito oficial, han sido responsables por la gran mayoría de masacres en Colombia. El número de víctimas a manos de paramilitares creció de 30 en 1997 a más de 500 en 2000, incluyendo 75 masacres - esto ocurrió paralelamente con la disolución de la cláusula de derechos humanos en el Plan Colombia. Desde el "alto de fuego" de diciembre de 2002 los grupos paramilitares han matado o desaparecido a más de 2.300 civiles. Las "detenciones arbitrarias" por los militares y la policía sumaron 2.869 entre 1996-2002. Entre agosto de 2002 y agosto de 2004 estos números también saltaron substancialmente a 6.332.

Explotación Sistémica: Con millones de dólares generados anualmente en el comercio de drogas, los traficantes han adquirido grandes territorios en la región amazónica que tradicionalmente fueron poseídos y ocupados por grupos indígenas. Aunque muchos indígenas no tienen títulos "oficiales" para la tierra, por ley son protegidos bajo su "derecho perpetuo a tierras ancestrales." Desafortunadamente, estas leyes en gran parte han sido ignoradas por el gobierno colombiano, que también ha concedido impunidad completa a quienes están implicados en el desalojamiento violento de indígenas de sus tierras. La posesión de tierras es una de las formas de lavar dinero de la droga; asegurando también que las tierras estarán siempre disponibles para el cultivo de coca. Según las cuentas del mismo gobierno colombiano casi el cincuenta por ciento de la tierra arable del país está en manos de paramilitares y narcotraficantes. Otros medios de lavar dinero incluyen redirigir recursos a la industria maderera, la ganadería, y el petróleo. Esto no sólo asegura el flujo de capital, pero también sirve para ampliar la red y el poder de las fuerzas armadas regionales. Finalmente las fortalece para intensificar la violencia contra los pobres, lo que resulta en miles de personal torturadas, matadas y desalojadas de su tierra cada año. Debido a la violencia se calcula que aproximadamente 300.000 personas emigran de sus hogares cada año, y se estima que desde 2000, más de 2 millones de colombianos y colombianas han sido desplazados. Estas cifras colocan a Colombia en segundo lugar, solamente después de Sudán, en dislocaciones forzadas en el mundo.

Finalmente el motivo de los grupos paramilitares es "limpiar" la región, especialmente la población indígena, provocando una migración masiva de todos, salvo partidarios leales, y por cualquier medio necesario. Entonces infiltran a los informadores de los paramilitares quiénes extorsionan a la población restante con pagos por servicios de "seguridad". El incumplimiento de pago es considerado como colaboración con la guerrilla y acaban por ejecutar, torturar, y masacrar a los "culpables" públicamente.

Además de ser un movimiento nacional contra los rebeldes, el grupo coordinador de los paramilitares está tomando pasos hacia un reconocimiento político oficial, y ha utilizado las negociaciones con los grupos de guerrilla para intentar legitimizar su situación. Muchos ven este esfuerzo como una forma de encubrir sus acciones criminales bajo la falsa declaración de querer construir una alternativa política. Es particularmente preocupante la amnistía que el presidente Uribe ha presentado a las fuerzas paramilitares a cambio de desarmarlas. Cuando este plan recibió fuertes críticas internacionales y no encontró suficiente apoyo, Uribe anunció que 15.000 a 20.000 ex-paramilitares trabajarán como "asistentes civiles" de la policía y que sus responsabilidades incluirían patrullar las carreteras y realizar otras tareas públicas para mantener el orden.

El camino menos usual: Una mejor comprensión de la realidad colombiana es esencial--especialmente para nuestros Congresistas quienes no entienden completamente, o han decidido desatender los graves resultados de las fumigaciones y de crear alianzas con grupos terroristas. En vista de su historial de votos parece que muchos en el Congreso no han considerado los efectos socioeconómicos, así como el grado de violencia ecológica y humana que ha resultado de la asignación de cientos de millones de dólares anuales a este fragmentado país a través del Plan Colombia.

¿Cómo puede el gobierno de los EE.UU. justificar el envío de $5 mil millones a uno de los países más corruptos y más violentos del mundo? Obviamente no aprendimos nada de los eventos del 2001, cuando a pocos meses de los ataques del 11 de septiembre EE.UU. se entregó la suma de $45 millones al Taliban para combatir la producción del opio en Afganistán. Se cree que ese opio fue simplemente almacenado y luego inundó el mercado de los EE.UU. haciendo la droga aún más accesible debido a su bajo precio.

La "Guerra Contra la Droga" ha reemplazado al "comunismo" como el "cuco" nuevo. Nadie en Colombia permanece engañado sobre los intereses del gobierno de los EE.UU. y pronto, con continua educación, el engaño también será hecho transparente en los Estados Unidos. El problema de la droga no es un problema colombiano; el problema reside en el lado de la demanda de los EE.UU. y debe ser tratado como tal. El Congreso debe reexaminar la aplicación de fondos y poner mayor énfasis en programas en nuestros centros urbanos y prisiones, programas que ayuden a drogadictos a acabar con su adicción. Además, deben parar inmediatamente la dispersión anual de millones de dólares a corruptos y despóticos militares - que inevitablemente llega a las manos de núcleos terroristas - y deben admitir el fracaso del Plan Colombia para que nunca se repita.

Ver Mas Allá del Banco: el RAND Corporation, un grupo de investigación basado en California, divulgó que, dólar por dólar, proporcionar tratamiento a adictos de cocaína en los Estados Unidos es diez veces más eficaz que programas de encarcelamiento y 23 veces más rentable que intentar suprimir la coca en su fuente. También observaron que por cada $1 utilizados en rehabilitación y tratamiento, $7 son ganados en la disminución de los costes jurídicos de origen criminal. Uno solo puede imaginarse que se podría haber logrado para los adictos en los EE.UU. con $5 mil millones, para sus familias y para las comunidades afligidas por la adición y la violencia.

Repetidamente, desde las comunidades de base hasta los oficiales de mayor nivel del gobierno colombiano, se nos explicó con claridad que las fumigaciones son una imposición de los Estados Unidos. No importa cuántas hectáreas de coca son destruidas por las fumigaciones, porciones adicionales de selvas tropicales (mínimamente el doble de lo destruido anteriormente) serán cortadas para continuar el flujo de la droga. Cuando todo se acabe, cuando se exterminen las plantas medicinales, y cuando el pueblo indígena halla sido matado o desalojado de sus tierras - que quedará? Solamente el suelo estéril del cual las compañías petroleras y otras multinacionales tendrán acceso libre para concluir su aniquilación de la Amazonía. Antes de concluir nuestra reunión con la embajadora Patterson planté este panorama a ella y le pregunté cuál sería su respuesta si el ecosistema de Colombia fuese destruido y la producción de la coca simplemente trasladada a un país vecino. Su respuesta fue corta: "Bien, por lo menos ya no será mi problema."

Muchos campesinos, así como el anterior vice presidente de Colombia, Gustavo Bell, apoyan la extirpación manual de la coca. Se calcula que un trabajador puede levantar manualmente una hectárea de coca en 10 días. Incluso muchas personas que actualmente cultivan coca apoyan este programa--mientras puedan ganar un salario adecuado para ellos y sus familias, y son protegidos contra las amenazas y asaltos de los narcotraficantes. Desafortunadamente, el programa patrocinado por el estado que ahora esta en marcha como una "alternativa", paga al campesino solamente $1.000 y otorga un plazo de solamente un año para suprimir la coca y producir una cosecha alternativa. Cualquier persona con un conocimiento básico de la agricultura, y especialmente una comprensión de los suelos en la región, afirmará que es absurdo pensar que esto se puede realizar con éxito en un período tan corto y que puede ser sostenido a largo plazo sin ayuda posterior. Mayor financiamiento, tiempo, asistencia técnica y una paz duradera son las piezas necesarias para que este plan funcione. El conocimiento de los suelos, de la rotación de cosechas, e incluso de básicas técnicas agrarias tendrán que ser re-enseñados, puesto que la memoria histórica de muchos de los campesinos cultivadores de coca se basa solamente en esa cosecha.

Además, a pesar de que la planta de coca prospera en las selvas, esta región no está bien adaptada para la mayor parte de cosechas. Y la mayor parte de la tierra que fue regada con Round-Up seguirá siendo estéril, o requerirá varios años para regenerarse. Las selvas tropicales son compuestas especialmente por arcillas que tienen una capa orgánica muy fina que funciona como el suelo arable. Esta capa depende del manto de follaje del "techo" de la selva, que le ofrecerá un reciclaje continuo de materiales y de alimentos orgánicos. Mientras que la capa orgánica sostiene y alimenta el suelo arable, el techo proporciona protección contra las pesadas lluvias y el calor. Sin embargo, si las lluvias ya no son interceptadas por el follaje del bosque, la capa nutriente no sólo llega a ser altamente susceptible a la erosión, sino que el ciclo de vida se deteriora rápidamente y la tierra se convierte incultivable. El uso de las técnicas de quemar bosques, usado con frecuencia por los campesinos para abrir espacios para sus cosechas, es también un método muy invasivo que disminuye la sustentabilidad de la tierra. Para ayudar a mantener la solidez de la región, es vital incorporar y apoyar sistemas de agricultura sostenible, y proporcionar la asistencia técnica a los campesinos para asegurar que esto suceda. Sino, a medida que la destrucción y aniquilación incontrolada del ecosistema continúe, Colombia, que tiene la diversidad más grande de fauna y flora en el mundo, continuará perdiendo especies de plantas y de animales a un ritmo descontrolado. Un líder indígena indicó: "Estamos acostumbrados a que nos exploten y ataquen [por los EE.UU.], pero ahora se matan a ellos mismos quitando los pulmones del mundo." Otros hicieron la súplica: "Les pedimos, sean nuestra voz… no sólo nos están desplazando, nos están exterminando."

Cada uno puede ayudar: Una continua presión debe ser montada para promover la extirpación manual de la coca y el desarrollo de cosechas alternativas. El Plan Colombia está destruyendo la Amazonía, los verdaderos "pulmones" del mundo. Este ha tenido un efecto devastador sobre la gente más pobre de la región, los campesinos y la población indígena. La oposición en los Estados Unidos, Colombia y en muchos otros países continúa creciendo rápidamente. La realidad que Colombia no está convirtiéndose en un nuevo El Salvador o un nuevo Vietnam sino que ya es el infame "Plan Colombia" continua a despertar conciencias para que la gente actúe contra ello.

Por favor entre en contacto con su congresista local y utilice su voz para insistir que todos los fondos propuestos para Plan Colombia vayan a la restauración de la paz en la región, la ecología de la Amazonía, para el desarrollo social y los programas agrícolas sostenibles que enriquecen, y no destruyen Colombia, así como para programas de rehabilitación en los Estados Unidos.

Muchas gracias a Adam Isacson y al Center for International Policy por su continua investigación. Por favor visite: www.ciponline.org para aprender cuales son los efectos de la política internacional estadounidense sobre los derechos humanos en América Latina y Asia.

Para mayor información sobre la Escuala de las Americas (SOA)/ WHINSEC visite: www.soawne.org / www.soaw.org

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